La mancomunidad donde vive Iglesias también es irregular y el Consistorio lleva 27 años consintiéndolo

Los vecinos del Paseo de Riomonte en La Navata (Galapagar), entre los que se encuentran Pablo Iglesias e Irene Montero, están agrupados en una entidad urbanística colaboradora de conservación que no existe según el registro oficial.

Así lo confirma la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO. En un certificado, emitido por el jefe de área de Régimen Jurídico de este departamento,  se recoge que “consultados los antecedentes obrantes en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Riomonte de Galapagar no consta en dicho Registro”.

La Consejería aclara, para que no haya dudas, que si no está registrada, la mancomunidad no existe legalmente: “Las entidades urbanísticas colaboradores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 del Real Decreto 32/1978 de Reglamento de Gestión Urbanística, en relación con el artículo 137 de la Ley de Suelo, adquieren personalidad jurídica a partir de su inscripción en el correspondiente registro”. Fuentes de la Consejería confirman a este diario que la situación habitual es que el ayuntamiento recepcione la urbanización y deje de funcionar la entidad colaboradora de conservación. Algo que no ha ocurrido así en el caso de La Navata.

Esta ‘mancomunidad de vecinos’ se encarga, entre otras labores, de mantener el alumbrado, las calles y jardines y gestionar bienes de uso común de los propietarios: un club social, unas pistas deportivas y una piscina. Zonas comunes a las que también pueden acudir los dirigentes de Podemos y sus hijos, como vecinos de la urbanización. En todo caso, como Iglesias y Montero tienen su piscina privada, un impresionante estanque en forma de lago artificial, los vecinos de La Navata creen que los políticos morados no socializarán con el resto de la urbanización y no harán uso de estas instalaciones.

Los trámites para registrar la mancomunidad se demoran durante más de un año, ya que se requieren varios períodos de alegaciones antes del visto bueno final.

Ha sido a raíz de la denuncia de un vecino ante el Ayuntamiento cuando, 27 años después, el Consistorio de Daniel Pérez ha tratado de enmendar el error, sin éxito.

Este vecino de La Navata, afectado por la situación, trasladó la denuncia en una de las sesiones de la Asamblea General Ordinaria de la mancomunidad (a la que, por cierto, no acuden ni Iglesias, ni Montero, ni ningún representante suyo).

“Denuncié en ese foro la falta de naturaleza jurídica de la entidad, de su falta de capacidad de actuaciones públicas y otras presuntas irregularidades. Entonces, el concejal de Urbanismo, que sorprendentemente estaba presente, indicó que es un pequeño error administrativo sin importancia y que ya había sido subsanado”, explica a OKDIARIO.

Pablo Iglesias e Irene Montero no acuden a las asambleas de la mancomunidad y tampoco envían a nadie como representante

Sin embargo, el Ayuntamiento tardó casi un mes, una vez fue avisado de la irregularidad, en remitir la documentación al Registro. Además, el denunciante considera que se ha enviado con graves defectos de forma.

El vecino afectado considera que el Consistorio, en lugar de proteger a esta entidad irregular, “debe dar traslado inmediato a los propietarios notificación indicando la situación irregular de la misma y proceder al cese de la Junta de Gobierno, y de su administrador, prohibiendo el ejercicio de acciones públicas”. OKDIARIO se ha puesto en contacto con el administrador de la entidad de conservación que, por el momento, declina hacer comentarios.

Por otra parte, como ha ido informando este periódico, el macro chalet de al menos 600.000 euros de Pablo Iglesias e Irene Montero está en un parque protegido, tiene una casa de invitados ilegal y una piscina que se construyó sin licencia y está provocando un aumento delictivo en el municipio, ya que la vigilancia permanente de la Guardia Civil supone desatender al resto de la localidad, como ha denunciado el propio Ayuntamiento.